Gustavo Petro anunció que desde el 7 de agosto radicará un proyecto ley para acabar con la Procuraduría General de la Nación, la entidad que lo sancionó y destituyó cuando era alcalde de Bogotá.
La Procuraduría General de la Nación es uno de esos “entes de control” que no se dejan querer y el cual solo ven con buenos ojos los congresistas, gracias a los cargos burocráticos que les dan.
De resto, poco.
Basta mirar las denuncias diarias en Medellín contra Daniel Quintero, a quien en la ciudad llaman “el nuevo samuel moreno”, y que en dos años y medio de gestión no muestran ningún avance.
Además, porque en la última semana de diciembre del 2021 se crearon 1208 cargos nuevos, que valen mensualmente 11.930 millones de pesos. Nuevos puestos que fueron justificados por una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigía que quienes al interior de la entidad investiguen a un funcionario no sean los mismos que fallen, en una doble instancia de mayores garantías para los empleados públicos.
La entidad debe “dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020, que impuso que el funcionario que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia disciplinaria, generando la necesidad de separar las funciones de la entidad: designar a un funcionario de instrucción y a otro de juzgamiento”, dijo en su momento la Procuraduría.
¿Cómo eliminar la Procuraduría de Colombia?
Pues bien, en una entrevista con WRadio, Gustavo Petro anunció que esa eliminación de la Procuraduría General de la Nación sería “gradual”.
Y que , además, no afectaría a la actual procuradora y su grupo de trabajo.
Según él, “La Procuraduría pasará al poder judicial y se volverá la gran fiscalía anticorrupción”.
El problema es que la Procuraduría fue creada por la Constitución de 1991 y no puede ser derogada por el legislativo, para eliminarla se debe hacer una reforma constitucional, en la cual podría caber esa eliminación y muchos temas más, como una posible ampliación del periodo presidencial.
@ghitis “El anuncio de presidente electo de acabar la procuraduría requiere de una reforma a la Constitución. La misma Constitución que ya s había comprometido a no tocar. ¿Qué otro cambio a la Constitución pensará hacer a pesar d haber dicho que no haría?
Y además quedan preguntas:
¿A dónde irán los funcionarios que hoy trabajan allí?
Y ¿Cuántos seguirán trabajando en el Estado y cuántos se quedarán sin empleo?.
