El Gobernador Aníbal Gaviria Correa seguirá bajo investigación y su proceso continuará de acuerdo a la normativa de la ley 600 de 2000, señaló la Corte Suprema de Justicia de Colombia, al negar una apelación del pool de abogados del mandatario.
Ese nuevo revés judicial, que vuelve y alerta sobre la equivocada defensa del mandatario, significa que el Gobernador Aníbal Gaviria, entre otras restricciones, no podrá conocer todas las pruebas recogidas por el fiscal delegado ante la Corte Suprema y menos las declaraciones que puedan entregar su ex secretaria de Infraestructura, Margarita Ángel Bernal, el empresario Luis Fernando Solarte Viveros y el gerente de la Compañía Solarte Hermanos, José Ignacio Narváez Mora.
Aparentemente, Margarita Ángel Bernal, Luis Fernando Solarte y José Ignacio Narváez se acogieron a un principio de acuerdo con la Fiscalía, mediante el cual «colaborarían» y narrarían las intimidades del caso.
Como se recordará, Aníbal Gaviria Correa es investigado por las obras de mejora y pavimentación de un puente en el municipio de El Bagre, Antioquia, contrato que se adjudicó sin licitación y del cual se entregó un adelanto económico, cercano al 50 por ciento, al «beneficiado», a muy pocas horas de que terminara el mandato del Gobernador, en el año 2006.
Cómo lo publicó en exclusiva www.rutanoticias.co, en septiembre de 2019, la Corte Suprema requirió a Anibal Gaviria por ese contrato y por las eventuales irregularidades que se presentaban.
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¿Qué pasará en el caso del Gobernador Aníbal Gaviria?
El año pasado, el Gobernador Aníbal Gaviria, y su defensa, habían presentado a la Corte Suprema de Justicia un incidente de nulidad y solicitado se le juzgara por la ley 906 del año 2004 y no por la ley 600 de 2000, bajo la cual avanza hoy su proceso.
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Al negar la Corte esa solicitud, no se presentará la preclusión del proceso, tampoco el Gobernador podrá conocer las pruebas procesales y menos tener acceso a las declaraciones que entreguen esas tres personas, hasta tanto la Fiscalía radique la acusación definitiva.
Negada esa petición de la defensa ante la Corte, el proceso podría agilizarse y el fiscal delegado radicar ahora sí la acusación definitiva, que con las pruebas recogidas, y esos tres eventuales testimonios, podría traumatizar el caso del Gobernador de Antioquia este año, que además es electoral.
El mandatario antioqueño fue capturado, por segunda ocasión, en 2021 y permaneció recluido casi un año, hasta que la propia Corte avaló la petición de su libertad provisional, en septiembre de 2021, de la que goza hasta hoy.
