El pliego de cargos contra Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, proferido por la Procuraduría General de la Nación, le dio fuerza a dos de los demandantes que tiene el exconcejal de Medellín.

El pliego de cargos es por “manifestaciones injuriosas y calumniosas” y el “desconocimiento de los derechos al buen nombre, la honra y la integridad” de la abogada Carmen Torres Sánchez.

Sin ninguna prueba concreta, y basado en correos electrónicos que parecerían auto dirigidos, el entonces concejal Guerra Hoyos señaló que la abogada, y su esposo, se dedicaban a malas prácticas médicas en “consultorios de garaje”. Algo que nunca pudo probar.

La declaración de Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, realizada personalmente y no de forma anónima como solía hacerlo contra funcionarios y ciudadanos, fue en el Concejo de Medellín, en un debate sobre el contralor Sergio Zuluaga Peña, de quien la abogada Carmen Torres era defensora.

Según dice la Procuraduría en el pliego de cargos contra Bernardo Alejandro Guerra, el ex concejal “demeritó y descalificó la labor profesional y la vida personal de Carmen Torres Sánchez sin que sus manifestaciones puedan entenderse amparadas por el discurso político, porque la afectada no era servidora pública y en nada servían al interés general como quedó demostrado en el acervo probatorio; además, en el momento de los hechos la actividad de control político del concejal estaba dirigida a reprochar las acciones del entonces contralor departamental de Antioquia”.   

Este pliego de cargos es un gran revés contra Guerra Hoyos, aunque también se le reconoce que en algunos casos su labor de control a la corrupción ha evitado el robo de muchos recursos públicos en Medellín y Antioquia.

¿Qué demandas se le vienen encima a Bernardo Alejandro Guerra?

Al calificar la acción de Bernardo Alejandro Guerra como “una falta grave cometida a título de dolo”, la Procuraduría le da validez a dos de las demandas que tiene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.

La primera del cirujano plástico Carlos Ramos Corena, por acciones similares de “manifestaciones injuriosas y calumniosas”, por supuestas intervenciones quirúrgicas (estéticas) en las que habrían fallecido pacientes del galeno, o algunos que sufrieron complicaciones estéticas y problemas médicos de por vida.

Esa demanda supera ya, en valor, los cinco mil millones de pesos.

A ella se suma la demanda penal, civil y administrativa de la abogada Carmen Torres Sánchez.

Esta decisión en contra de Bernardo Alejandro Guerra le llega en momentos en que se apresta a recibir cerca de 3 mil millones de pesos de herencia de su padre, Bernardo Guerra Serna, fallecido en julio del año pasado en Medellín.

Pero esa es una historia que muy pronto vamos a escribir.

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